Busqueda
CONVOCATORIA TIERRAS REF. 05/2010
Términos de referencia para consultoría sobre estado de situación y propuesta de incidencia Política en el tema de accesos, productividad y función económica social de la propiedad agraria.
(Ref. 05/2010)
1. Antecedentes
Cerca de 57 millones de hectáreas fueron distribuidas entre 1952-1996, 39 Millones fueron distribuidas a productores medianos y grandes (18% beneficiarios) y 18 Millones de hectáreas a productores pequeños y comunidades (82% de beneficiarios). Causando una enorme concentración de tierras en el Oriente del país. Paralelamente en Tierras Altas es evidente el desarrollo de sistemas minifundiarios de producción agrícola.
La Nueva Política de Tierras establece la eliminación de latifundio tradicional (donde se reproducen prácticas servidumbrales de trabajo) y moderno (basado en la concentración de grandes cantidades de tierras y bosques). Se establece que, independientemente del origen del derecho propietario en los nuevos latifundios, la acumulación de tierras, la subdivisión ficticia de propiedades y su uso especulativo, son contrarios al principio de equidad por cuanto afectan a los sectores carentes de tierras. La Ley 3545 de “Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria” define los mecanismos de reversión y expropiación. La reversión procede cuando el predio no cumple la Función Económico-Social (FES) (Art. 52) y no se aplica a solar campesino, pequeña propiedad, TCO y comunidades tituladas colectivamente. La expropiación procede por causal de utilidad pública (reagrupamiento o distribución de tierra, conservación y protección de biodiversidad o realización de obras de interés público) o por incumplimiento de la FES, previo pago de una justa indemnización (Art. 58).
Asimismo, la Constitución Política del Estado en su Capítulo Noveno: Tierra y Territorio, entre los artículos 393 al 404 luego de reconocer, proteger y garantizar la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra en tanto cumpla con la función social o con la función económica social, según corresponda, establece la clasificación de la tierra en tres categorías (pequeña, mediana y empresa), en función de su superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo; sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión, indica, serán reguladas por ley. Señala, además, que las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no la posean o la posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas; también establece que por ser contraria al interés colectivo, está prohibida la obtención de renta generada por el uso especulativo de la tierra.
En su Art. 397, define que el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria y sentencia que las propiedades deben cumplir con la Función Social o con la Función Económica Social para salvaguardar su derecho, esto de acuerdo a la naturaleza de la propiedad.
El Artículo 402, establece que es obligación del Estado fomentar los planes de asentamiento humano para alcanzar una racional distribución demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaria y producción, en el marco del Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del medio ambiente. Bajo los actuales mandatos constitucionales, y en el marco de garantizar la seguridad alimentaria, se hace necesario garantizar el acceso a la tierra productiva a las personas que no disponen de tierra o que la disponen insuficientemente.
Al respecto, es importante considerar que la superficie nacional objeto de saneamiento de tierras es 106.75 millones de hectáreas. A finales del 2009 fueron saneadas 40.85 millones que representa el 38.27% de la superficie objeto de saneamiento; de estas 25.51 millones fue la superficie titulada a la propiedad agraria y 15.35 millones de hectáreas fueron reconocidas como tierras fiscales. De este último total, 11.4 millones de hectáreas son tierras fiscales no disponibles por restricciones legales, las restantes 3.9 millones de hectáreas son tierras de libre disponibilidad; de estas fueron distribuidas más de un millón de hectáreas. Bajo la hipótesis que el trabajo de saneamiento se concentró en aquellas áreas donde era posible identificar tierras fiscales sea por reversión o por baldías, las posibilidades de incrementar por medio del saneamiento mayores superficies de Tierras Fiscales de Libre Disponibilidad, son al parecer reducidas.
Por otra parte, la productividad de los actuales sistemas agropecuarios en Tierras Bajas es minima y en particular la de sistemas ganaderos que tiende a cero cuando se la compara a la productividad de las tierras manejadas en sistemas minifundiarios. Así, la productividad actual de las sabanas o praderas nativas con bovinos para carne bajo pastoreo fue estimada en 16 kg PV ha-1 año-1 y este valor varió entre 14 y 21 kg de peso corporal por hectárea y año. El primero caracterizó a los sistemas de producción con bovinos en la Provincia Biogeográfica del Chaco Septentrional y el segundo, a la Cerradence Occidental. El valor monetario de la productividad ganadera, a los precios de la presente semana, tiene una media de USD 16 por hectárea y año.
Por cierto, la productividad puede incrementarse al mejorar la oferta forrajera y puede ser aquella hasta 5 veces mayor (88 kg PV ha-1 año-1) con relación al logrado en las sabanas o en los campos de ramoneo; las mayores productividades por unidad de superficie se observaron en sistemas de producción de leche siendo estas 150 veces mayor que el promedio estimado para producción de carne en Tierras Bajas.
Por tanto, las posibilidades de incrementar la disponibilidad de tierras fiscales disponibles para su distribución entre los que actualmente tienen acceso restringido o no tienen tierras es incorporando criterios de productividad a la Función Económica Social de la propiedad privada, buscando la intensificación de los actuales sistemas de producción, condición que permitiría al Estado disponer de mayores superficies de Tierras Fiscales de Libre Disponibilidad vía reversión y paralelamente reduciría la presión sobre los bosques permitiendo la liberación de áreas en la finca no aptas para la ganadería con un posible aumento del área de bosque secundario o cultivado.
El Viceministerio de Tierras viene trabajando la Ley de Reclasificación de la Propiedad Agraria, misma que deberá enmarcarse a la Nueva Constitución Política del Estado. Esta legislación, debería ser construida participativamente y deberá buscar una nueva estructura predial agraria basada en criterios agroambientales; incorporar criterios de productividad, eficiencia y sustentabilidad con el fin de evitar legalizar latifundios improductivos. Asimismo, deberá marcar la definición de sujetos agrarios o titulares agrarios, sus derechos, obligaciones, y limitaciones en el acceso a la tierra como elementos que garanticen su plena incorporación en la economía rural, en particular respecto a la soberanía y seguridad alimentaria del país.
En base a estos antecedentes el consultor o consultora deberá elaborar un documento analítico del estado de situación de la ocupación y acceso a la tierra y territorio, desde la perspectiva política, legal, socio-ambiental y proponer un Anteproyecto de Ley que incorpore criterios de productividad en la determinación de la Función Económica Social de la propiedad agropecuaria y forestal e incluya una propuesta de reclasificación (límites mínimos y máximos) de la Propiedad Agraria pequeña, mediana y empresarial.
2. Objetivo general
Contar con un diagnóstico de situación de la ocupación de la tierra y territorio del país y un plan de incidencia trabajado participativamente para lograr que las actividades agropecuarias tengan mayor eficiencia en la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria y un menor impacto ambiental brindando mayores beneficios al desarrollo nacional.
2.1. Objetivos específicos
a) Conocer el estado de situación de la ocupación, productividad y acceso a la tierra y territorio.
b) Contar con una estrategia nacional de incidencia en los temas de la delimitación de propiedad agraria y la incorporación de criterios de productividad, eficiencia y sostenibilidad en la determinación de la Función Económica Social de la propiedad privada.
c) Elaborar un documento final que contenga “el estado de situación de la ocupación, productividad y acceso a la tierra y territorio en el país” y la Estrategia Nacional de Incidencia Política, con los aportes, sugerencias y criterios emitidos por una pluralidad de actores en el taller participativo de socialización.
3. Resultados
a) Base de datos en la que se sistematicen los documentos analizados.
b) Un documento analítico preliminar del “Estado de Situación de la Productividad y Acceso a la Tierra y Territorio en el país” que incorpore la perspectiva política, legal, económica y socio-ambiental e incluya una propuesta de Estrategia Nacional de Incidencia Política.
c) Ejecución de un taller nacional de socialización del análisis efectuado sobre el estado de situación del sector y la propuesta preliminar de la Estrategia de Incidencia Política para el debate, reflexión y retroalimentación del documento..
d) Un documento analítico final del “Estado de Situación de la productividad y acceso a la tierra y territorio en el País” que incorpore la perspectiva política, legal, económica y socio-ambiental.
e) Una Estrategia de Incidencia Política para la temática construida y asumida participativamente.
f) Un resumen en power point del documento final del “Estado de Situación de la Productividad y Acceso a la Tierra y Territorio en el País” y los puntos clave de Incidencia Política.
4. Actividades
a) Analizar y sistematizar los documentos de ABDES, Fundación TIERRA, AIPE, CIDEM, LIDEMA y UNITAS, y documentos públicos referidos a la Nueva Constitución Política del Estado, la Ley 3545 de Modificaciones a la Ley 1715 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, las políticas de: Tierras, Desarrollo Rural, Agrícola, Forestal y otras relacionadas.
b) Elaborar un documento analítico de discusión sobre “Estado de Situación de la Productividad y Acceso a la Tierra y Territorio en el País”, desde la perspectiva política, legal y socio-ambiental.
c) Elaborar una propuesta de incidencia a partir del conocimiento del estado de situación, con insumos para elaborar un Anteproyecto de Ley que incorpore criterios de productividad en la determinación de la Función Económica Social de la propiedad privada e incluya una propuesta de límites para la propiedad agraria, ganadera y forestal según ecosistemas.
d) Definir la metodología del taller nacional para socializar y retroalimentar el documento y la estrategia de incidencia; y, dirigir el taller.
e) Incorporar las sugerencias y complementaciones emergentes de los eventos de socialización, tanto en el documento analítico como en la estrategia de incidencia y editar el informe final incluyendo los resultados del taller.
5. Perfil del consultor
a) Profesional con formación en Ciencias Políticas o Jurídicas o carreras a fines.
b) Experiencia de por lo menos 4 años en análisis de políticas agropecuarias, forestales, tierra y territorio.
c) Experiencia de por lo menos 2 años en procesos socio-ambientales ligados a la temática tierra.
d) Experiencia de por lo menos 2 años en formulación de estrategias de incidencia política y legislativa.
e) Producción de al menos 1 documento sobre políticas o gestión de tierra o impactos socio-ambientales de las actividades agropecuarias.
6. Evaluación de la propuesta técnica y económica
Las propuestas serán evaluadas y calificadas según el siguiente esquema:
a) Experiencia del proponente y/o su equipo hasta 25 puntos
b) Alcances y pertinencia de la propuesta,
creatividad metodológica y cronograma hasta 50 puntos
c) Propuesta económica (techo $us 2.500) hasta 25 puntos
7. Convocatoria y presentación de las propuestas
Participan del proceso de selección: consultoras, instituciones o profesionales independientes, especializados en la temática de tierra y territorio, con amplia experiencia en procesos de incidencia política y legislativa, para la presentación de propuestas con el objeto de encargarse de la ejecución de esta consultoría.
Las propuestas deben incluir:
a. Currículum documentado del proponente principal.
b. Hojas de vida del equipo de apoyo, si la propuesta requiere un equipo de apoyo.
c. Metodología a aplicarse al diagnóstico y a la formulación de la estrategia de incidencia.
d. Descripción de las actividades previstas para la elaboración del “Estado de Situación de la Productividad y Acceso a la Tierra y Territorio en el País” y de la estrategia de incidencia.
e. Cronograma de trabajo.
f. Costo total por el servicio.
Las propuestas deberán ser entregadas indefectiblemente hasta el día 10 de agosto de 2010 a horas 17:00, en sobre cerrado indicando la referencia en la siguiente dirección: Fernando Guachalla Nº 521, segundo piso (ABDES). No se tomarán en cuenta las propuestas presentadas fuera del plazo establecido.
8. Sistema de contratación
La contratación está enmarcada en el Código Civil, por lo que ABDES y el/la proponente contratado no establecen ningún tipo de relación laboral. El/la proponente contratado/a necesariamente emitirá factura por los pagos recibidos.
9. Coordinación y seguimiento
El/la proponente contratado/a trabajará de forma articulada con la Dirección Nacional de ABDES, y a través de esta instancia, en estrecha articulación con el Comité Directivo.
10. Tiempo
60 días, a partir de la fecha de adjudicación del servicio.
11. Forma de pago
Se prevé tres cuotas, de acuerdo al siguiente cronograma de presentación de resultados:
a) Primer pago 40% a la firma del contrato;
b) Segundo pago 20% una vez que el Comité Directivo de ABDES, apruebe el primer borrador del documento analítico revisado participativamente en el Taller Nacional el cual incluya las recomendaciones, aportes y sugerencias.
c) Tercer pago 40% a la entrega de los resultados finales, y cuenten con la aprobación del Comité Directivo de ABDES.
No se tiene previsto la realización de ningún viaje ni del proponente principal ni de su equipo de apoyo; Sin embargo, el proponente está en libertad de programar viajes en función de la metodología que aplique al estudio; en cuyo caso, el viaje o los viajes deben ser incluidos en la propuesta económica. Por otra parte, los costos del taller nacional de socialización del diagnóstico y la validación de la propuesta de “Incidencia política” se realizará en la ciudad de La Paz y será cubierta por ABDES.